Todos los datos provienen de fuentes oficiales y públicas: sentencias judiciales firmes, autos de procesamiento, informes de la Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Cuentas, y medios de comunicación con investigaciones contrastadas. No incluimos rumores ni acusaciones sin fundamento judicial.

PSOE y PP han gobernado España desde 1982, controlando ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno central durante décadas. Su posición de poder institucional durante tanto tiempo explica el volumen de casos documentados. Otros partidos también tienen casos de corrupción, pero en menor escala debido a su menor tiempo en el poder.

No. Este proyecto es estrictamente informativo y basado en datos verificables. Mostramos todos los casos documentados de ambos partidos sin distinción. El objetivo es la transparencia, no favorecer a ninguna opción política. Los datos hablan por sí mismos.

Actualizamos la base de datos cuando se produce una sentencia firme, se abre una nueva investigación judicial relevante, o se publican informes oficiales. No incluimos casos hasta que no hay documentación judicial oficial que los respalde.

Un caso documentado es aquel que tiene respaldo judicial: puede ser una sentencia firme, un auto de procesamiento, una investigación en curso con imputaciones formales, o informes oficiales de instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía Anticorrupción.

En muchos casos, las sentencias no especifican cantidades exactas o estas se descubren progresivamente durante las investigaciones. Las cifras que mostramos son estimaciones basadas en: sentencias firmes, informes periciales, investigaciones periodísticas contrastadas y datos del Tribunal de Cuentas.

Los casos archivados se mantienen en la base de datos con su estado procesal claramente indicado. El archivo de un caso no siempre significa inocencia: puede deberse a prescripción, falta de pruebas suficientes, o cuestiones de procedimiento. Mostramos todos los casos para dar contexto completo.

Sí. Si tienes información sobre casos no listados con respaldo documental (sentencias, autos judiciales, informes oficiales), puedes enviárnosla. Verificamos toda la información antes de incluirla.

El reparto institucional muestra cómo PSOE y PP han utilizado su poder para colocar afines en instituciones que deberían ser independientes: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía, etc. Este control político de los órganos de control genera conflictos de interés estructurales y dificulta la lucha contra la corrupción.

La transparencia y el acceso público a la información son herramientas fundamentales contra la corrupción. Cuando los ciudadanos conocen la magnitud real del problema, pueden tomar decisiones más informadas y exigir cambios estructurales: reformas judiciales, mayor independencia institucional, y rendición de cuentas efectiva.